Ahora, el PJ pide derogar la nueva «ley del cianuro»

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Frente a la presión social y tras conocer la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de suspender la reglamentación de la ley 9.209, que habilitó la minería metalífera en la provincia, el peronismo mendocino salió a pedir al mandatario la derogación de la misma.

Lo hizo a través de un comunicado firmado por la mesa que toma las decisiones del partido: Anabel Fernández Sagasti (senadora nacional); los diputados nacionales Alejandro Bermejo, Omar Félix y Marisa Uceda, y los seis intendentes del PJ -Emir Félix (San Rafael) Roberto Righi (Lavalle), Martín Aveiro (Tunuyán), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa), Fernando Ubieta (La Paz)-, más el presidente del partido, Guillermo Carmona, y los legisladores provinciales que encabezan los bloques peronistas y que el viernes votaron a favor de la modificación: Germán Gómez, Adolfo Bermejo y Lucas Ilardo.

Lo llamativo es que el peronismo acompañó casi en su totalidad las modificaciones de la ley 7.722 el viernes pasado y las exposiciones de los jefes de bloque en ambas Cámaras (Ilardo y Gómez) fueron efusivas. En varias oportunidades utilizaron las mismas argumentaciones que los legisladores del oficialismo. Por ejemplo, que se estaba cumpliendo una promesa de campaña, que la minería generará puestos de trabajo y que actualmente existen los controles necesarios para que no hayan accidentes ambientales.

En el Senado, sólo dos peronistas sobre 13, votaron en contra de la reforma. Ayer, esos mismos senadores (Bartolomé Robles y Andrea Blandini), envalentonados con la vuelta de tuerca que dio su fuerza política, firmaron un proyecto para que se derogue la reforma de la Ley minera.

En la Cámara baja, en tanto, cinco diputados de los 17 que tiene el PJ no acompañaron el proyecto de Suárez (Laura Soto, Cristina Pérez, Gustavo Majstruk, Laura Chazarreta y Edgardo González).

En el peronismo justificaron ayer el cambio de opinión en que el “proyecto de ley era malo, en condiciones y tiempos que no dependían de nosotros” y además que “no contábamos con los votos para impedir las modificaciones a la Ley 7.722”. Este último argumento es cierto, ya que Cambia Mendoza sólo tuvo tres votos en contra en cada Cámara, y, a pesar de esas bajas, llegaba a la mayoría para cambiar el texto: en el Senado, con la ayuda del pastor Héctor Bonarrico y en Diputados, con los escaños propios.

Más allá de los números, el consenso político fue uno de los condicionantes que había pedido Suárez para avanzar con la modificación de la ley antiminera y el peronismo mendocino se lo dio. Así se logró sancionar la Ley 9.209 en dos sesiones exprés el viernes 20 de diciembre, con una Legislatura vallada por las protestas de ambientalistas en las calles.

Ahora, tras la tensión social que se generó -y las críticas que le llovieron desde varios sectores, incluso del propio- el PJ salió a respaldar el llamado al diálogo del Gobernador porque sostiene que “sin licencia social no se puede avanzar en cambios sustanciales para la sociedad”. Y a pedir la derogación para empezar desde “foja cero” las mesas de debate de la matriz productiva de Mendoza de forma responsable. También, en el comunicado, los dirigentes del PJ resaltaron que “el único lugar con licencia social es el departamento de Malargüe”, en el que también se han organizado marchas y caravanas, pero a favor de la minería.

 

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