Plan anticíclico: 130 millones para la vitivinicultura

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El Senado de Mendoza dio sanción definitiva, con 33 votos afirmativos y cuatro negativos, al proyecto de ley que crea un programa plurianual de estabilización en el mercado de productos vitivinícolas. El mismo se aplicará durante cuatro años (2019 a 2022) y contará con un fondo total de $ 3.200 millones ($ 800 millones por temporada).

El Gobierno ya definió parcialmente el destino que tendrán los $ 800 millones de 2019. Un total de $ 300 millones se utilizarán para el operativo de compra de uva para mosto,  $ 180 millones se darán a un bono fiscal para los exportadores de vino granel y $ 130 millones serán para asistir al productor primario. Los $ 190 millones restantes aún no han sido asignados.

Detalles del programa

El ministro de Gobierno, Lisandro Nieri, asistió al tratamiento por parte de Senadores. El funcionario aseguró que la ley se reglamentará rápidamente y explicó que cuando esto suceda, se podrán poner en marcha las herramientas que permitirán reducir los stock vínicos e incentivar el consumo.

Además del operativo de compra de uva para la elaboración de mosto para exportación, la normativa contempla que los exportadores de vino granel, genérico o varietal, podrán obtener un certificado de crédito fiscal para pagar Ingresos Brutos. Este documento se podrá utilizar dentro de los dos años de vigencia de la norma y será transferible. A este fin se destinarán $ 180 millones.

Sobre esto y para responder al planteo de la oposición de que “la ley favorece a los grandes exportadores”, Nieri señaló que al reducir el stock se valorizará el producto y se beneficiará a toda la cadena.

Asimismo, está previsto utilizar $ 130 millones para asistir en forma directa al trabajador rural. En el proyecto que surgió de la Cámara de Diputados, se explicitó que este año se invertirá este monto a “fortalecer programas de apoyo al trabajador rural, tanto para los que realizan una actividad permanente, como para los eventuales”.

El origen de los fondos

La propuesta original, que presentó el Ejecutivo provincial, implicaba que el Gobierno Provincial pudiera endeudarse por $ 4 mil millones para generar un plan anticíclico vitivinícola, con una duración de cuatro años ($ 1.000 millones por año). Sin embargo, la oposición, que desde un primer momento se mostró en desacuerdo con tomar deuda, autorizó que se tomara crédito por $ 1.600 millones y que el Estado utilice partidas propias por el mismo monto.

En 2019, la Provincia deberá utilizar $ 300 millones del presupuesto y podrá endeudarse por $ 500 millones más. En 2022 la relación se invierte: $ 500 millones serán de las arcas provinciales y $ 300 millones de deuda. En tanto, en 2020 y 2021 los $ 800 millones se compondrán por partes iguales de financiamiento propio y de endeudamiento.

Nieri explicó que en cada ejercicio se realizará un diagnóstico del sector y, en función de eso, se decidirá cuáles de todas las estrategias que se detallan en el texto de la norma resultan más adecuadas a una situación que puede variar según el volumen de cosecha, las condiciones internacionales, cuánto vino elaboran otros países y el tipo de cambio, entre otros factores.

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