Item Aula: la Corte dijo que es constitucional

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El fallo, publicado en el primer minuto de este miércoles 9 de mayo, indica: «En Mendoza a los 8 días del mes de mayo del año dos mil dieciocho, reunida la Suprema Corte de Justicia, en pleno, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva en la causa N° 13-03888269-9, caratulada: «SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN C/ GOBIERNO DE MENDOZA P/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD», la Corte resuelve:

1.- Rechazar la acción de inconstitucionalidad entablada a fs. 51/77, por el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (S.U.T.E).

2.- Imponer las costas en el orden causado y diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

3.- Dar intervención a la Caja Forense y A.T.M., a los efectos provisionales y fiscales pertinentes.

El pedido del SUTE solicitaba que se declarase la inconstitucionalidad del «ítem aula» y que se ordene la incorporación de dicho ítem a la estructura actual del salario docente, sea que se trate de cargos y/o horas cátedras, sin exclusiones. Esto entre otros puntos como que el ítem ha ido en contra del derecho legítimo de huelga de los docentes.

El primer ministro en dar a conocer su opinión en el fallo es Jorge Nanclares e indica que «Los antecedentes hasta aquí expuestos muestran que el «ítem aula» vino a instituirse como un nuevo adicional, incorporado a la estructura salarial docente, y casi como una combinación de los ya existentes adicional por presentismo».

«De este manera, se evidencia que el «ítem aula» configura uno más de los adicionales particulares, que conforman la estructura salarial normal u ordinaria debida a todo el personal dependientes de la D.G.E. regido por el Estatuto del Docente», indica Nanclares antes de propugnar que «no se haga lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada a fs. 51/78 por el S.U.T.E. contra los arts. 6° a 9° del Decreto n° 228/206, su modificatorio y ratificatorias».

Adaro, en disidencia

El único ministro en firmar en disidencia con el resto fue Mario Adaro, quien sostuvo «una concepción declarativa – preventiva de la acción de inconstitucionalidad».

En su fallo, el ministro profundiza cada uno de los pedidos del SUTE y se expresa en disidencia con algunos, aunque en otros casos toma una línea diferente a la del resto del Tribunal.

«¿Puede el Estado, en su carácter de empleador, fijar condiciones de trabajo fuera del ámbito de la negociación colectiva? Resulta conveniente hacer un repaso por el marco constitucional y supra legal al que debería adecuarse la labor en análisis», dice Adaro en sus conclusiones, y recuerda que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 22, incorporó con rango constitucional al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. «Dicho Tratado tiene previsto en su cláusula 8ª las denominadas «garantías sindicales», así como la consagración de la supremacía del «Convenio de OIT N° 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación».

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