Rio Atuel: el único que salió ganando es La Pampa

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La Corte Suprema de Justicia finalmente, tras años de conflicto, dictaminó sobre la jurisdicción del río Atuel y el uso de su caudal de agua. Más allá que el gobierno de Mendoza salió rápidamente a decir que el fallo es un “empate” con La Pampa, lo cierto es que a lo largo de 64 páginas los jueces desestimaron, una a una, las excusas y oposiciones mendocinas, al tiempo que obligan a nuestra provincia a ceder agua a La Pampa y a la conformación de una comisión de manejo de cuenca en conjunto entre las dos provincias. Un derecho -el de manejo de la cuenca del Atuel- que Mendoza se negaba a ceder.

Sin embargo, en toda batalla hay un aprendizaje. Y en toda derrota, una posibilidad de reivindicación.

Vamos por partes. Este 1 de diciembre, en un fallo “salomónico”, la Corte lo que hizo fue reflotar el protocolo de entendimiento firmado por Mendoza y La Pampa en 1989 y que nunca, hasta hoy, había sido aplicado. En ese acuerdo se fundaban las bases para la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) por las que se iban a realizar obras en conjunto para una mejor distribución del recurso hídrico del río, que permitiese tanto el regadío del oasis sur de Mendoza como el desarrollo del noroeste pampeano, región que perdió el caudal de agua cuando se construyó el embalse del Nihuil.

Lo cierto es que desde esa época hasta el presente, las provincias han peleado por un riego cada vez más escaso. Los gobernadores Jaque y Jorge firmaron luego, en el 2008, un nuevo acuerdo sobre obras y disponibilidad del agua para ambas provincias, que fue refrendado rápidamente por la Legislatura pampeana pero que no tuvo la misma suerte entre los legisladores mendocinos.

Los memoriosos recordarán que el problema de ese segundo acuerdo fue el tristemente famoso “Inciso K”. Ese apartado, aparentemente pequeño e intrascendente dentro del acuerdo global, obligaba a Mendoza a ceder a La Pampa una escorrentía mínima por el cauce del río de 5 m3/s. En esa época, los productores de General Alvear, Real del Padre y Jaime Prats ejercieron una férrea oposición a la ratificación de ese acuerdo. Tanto, que de hecho no fue legalizado por Mendoza.

Esa escorrentía mínima es la misma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación obliga hoy a ceder a La Pampa. Mendoza ha dicho que eso se está cumpliendo; el bajo caudal del río (disminuído a centímetros en el cauce natural, luego de la construcción del Marginal del Atuel) hace que sea difícil creerlo.

De todos modos, toda la artillería esgrimida por distintos gobiernos mendocinos en el largo litigio contra La Pampa fue desestimada por los jueces supremos. El fallo obliga a ambas provincias a establecer nuevas reglas de juego, a cooperar entre sí para recuperar tierras que se han ido desertificando y a trabajar por el entendimiento conjunto, dejando de lado la “guerra” que se ha librado.

Así las cosas, Mendoza debe asegurarse que ese caudal mínimo esté llegando, efectivamente, por el cauce del río hasta La Pampa (ya que la Corte le dio 30 días para hacerlo). Y en 4 meses, ambas provincias en conjunto con La Nación deben contarle a la Corte los proyectos que llevarán adelante para recomponer toda la cuenca hídrica del Atuel sur.

Entre las acciones, la Corte ordena poner en funcionamiento la CIAI con el objeto de”elaborar un programa de ejecución de obras que contemple diversas alternativas de solución técnica de las previstas en relación a la problemática del Atuel, como así también los costos de construcción respectivos y su modo de distribución; sus beneficios; las urgencias de las poblaciones circundantes; la defensa del acceso al agua potable; la participación de las comunidades originarias radicadas en la región; como asimismo la sostenibilidad de la actividad económica productiva y del ecosistema”.

Es justamente en este punto donde Mendoza podría hacer valer la misma vara para La Pampa. En esas “obras” pedidas por los jueces supremos -tendientes a mejorar la disponibilidad de agua en el sur de Mendoza y noroeste pampeano- se podría edificar el argumento más fuerte para el avance de Portezuelo del Viento, obra que lleva anexado el trasvase del río Grande al Atuel.

De hecho, en los considerandos interpuestos por La Pampa, incluídos en el fallo de la Corte, figura  Portezuelo del Viento, aunque de manera enredada. La Pampa ha utilizado la construcción de la represa para indicar que eso restaría agua al río Colorado; pero la lógica de Mendoza debería ser la original: si el trasvase del Grande se va a dar hacia el Atuel, como está incluído en el proyecto del COIRCO, esa obra debería ser hoy prioritaria ya que el fuerte caudal del río malargüino llegaría al noroeste pampeano.

En otras palabras, Mendoza debería poner en esa mesa de negociación del CIAI a Portezuelo del Viento y el trasvase del río Grande. Esa es la única obra que hoy podría duplicar el caudal del Atuel de manera rápida y eficaz, ya que las aguas del Grande (el río más caudaloso de Mendoza) decantan actualmente en el Colorado y se pierden en el Atlántico.

La Pampa, que tanto ha hecho por ganar esta lucha por el Atuel, no podría decir “No” a Portezuelo. Y si  lo sigue haciendo, alguien deberá recordarle los mismos fundamentos por los que hoy Mendoza debe bajar la cabeza. Como dice el fallo de la Corte: las provincias deben trabajar “en conjunto a los efectos de llevar adelante las tratativas tendientes a lograr un entendimiento, imbuidas del espíritu de un federalismo de coordinación (contrario al federalismo de oposición)superador de conflictos estériles”.

De esta manera el fallo de la Corte, que podría poner en jaque el sistema hídrico del oasis sur mendocino (ya que no hay agua en disponibilidad ni siquiera para las producciones actuales), serviría como llave para desbloquear las trabadas negociaciones por Portezuelo.

Una idea, en vez de una oposición. Esto, en definitiva, es lo que se ha pedido.

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