Cornejo aprieta a empleados pero no a los funcionarios

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El gobernador Cornejo firmó un decreto para renovar la relación laboral de trabajadores del Estado, siempre y cuando presenten un certificado de libre deuda de impuestos provinciales o plan de pago vigente. Otro gesto más que comprueba la hipocresía oficial y el accionar gubernamental inclemente con los más débiles y flexible con los más poderosos.
El decreto 1627/17 publicado en el Boletín Oficial, el día posterior a las PASO, expresa en sus considerandos “que a los efectos de no resentir los servicios que presta el Estado Provincial, es indispensable dar continuidad a las adscripciones, adicionales, suplementos y prestaciones de servicios de personas contratadas en Planta Temporaria y bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios y Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo, cuyos vencimientos operan el 31 de julio de 2017”.

Más allá, de esta fachada formal, con la que el gobierno de Mendoza agudiza la precarización del empleo público, la oportunidad sirvió para demandar y condicionar a los trabajadores comprendidos en el decreto, a que sostengan una conducta ejemplar con el fisco provincial, bajo la amenaza de perder la relación laboral o los adicionales a renovar.
Esta exigencia abusiva -rayana a la extorsión- para cumplir con las obligaciones impositivas, como demostramos hace poco, no es justamente una característica o valor del actual equipo de gobierno. Menos perceptible aún, es este nivel de intransigencia con los grandes deudores provinciales.

La medida del gobierno de la #RevoluciónDeLoSencillo se aplicará sobre el ámbito más precario del trabajo estatal con el objetivo de disponer “la continuidad automática desde el 1 de agosto y hasta el 31 de octubre de 2017” de los servicios o funciones que presten, fecha en la que nuevamente se reevaluarán las “continuidades automáticas”.

Aunque la resolución sea razonable (los agentes estatales, como cualquier ciudadano de a pie, debe pagar sus impuestos), existen algunos factores coyunturales que parecen no ser tenidos en cuenta en la sensibilidad del gobernador.
Salta a la vista la situación precaria de los trabajadores comprendidos en el decreto. No hace falta ser un genio para inferir que los contratados por locación de obra o servicios, los trabajadores de planta temporaria, e incluso quienes cobran algún adicional, son las personas que se encuentran en peores condiciones a la hora de reclamar, discutir o resistir una decisión patronal. La asimetría de poder en esos casos es absoluta y el decreto cobra un carácter extorsivo: pagás o no seguís.

La norma además está cargada de cinismo. En el caso de los contratos basura, por ejemplo, El Estado mendocino se vale de un fraude laboral para simular como agentes autónomos a quienes son, en realidad, trabajadores en relación de dependencia. A partir de esa máscara legal, los empleados que debieran ser beneficiarios de las cargas patronales y sociales, tienen que pagar su propia jubilación y obra social, vía Monotributo, e impuestos provinciales como Ingresos Brutos

 

Fuente Elotro.com.ar

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