Irrigación elimina el manejo ilegal de perforaciones

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El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, ayer firmó una resolución que termina con la polémica en el otorgamiento de permisos para extraer aguas subterráneas. Al menos es lo que se anunció ayer: la suspensión de todo el sistema armado por la anterior gestión para resolver la situación de los 234 pedidos de perforación parados aplicando las viejas leyes de aguas subterráneas, 4035 y 4036.

Esto implica la suspensión de la resolución 164 de 2013, norma que “logró que se creara un mercado negro, ilegal de perforaciones”, afirmó ayer Marinelli. Esa normativa permitía el reemplazo de pozos dentro de una misma cuenca, pero con la particularidad de que ese reemplazo no estaba restringido a una misma propiedad, sino que podían trasladarse la perforación a otras fincas de la cuenca.

Todavía queda vigente otra resolución polémica de la gestión anterior, encabezada por ex superintendente José Luis Alvarez, la 548 de 2012, en la que se prescribía el llamado a concursos de proyectos para otorgar los pozos.

En los hechos, esta norma también queda suspendida porque no se admitirán nuevos pedidos de pozos hasta tanto se resuelvan los 234 expedientes que hoy circulan por las dependencias del Departamento General de Irrigación.

Ayer Marinelli estampó su firma en la resolución 898 de 2017. “Yo no comparto que el mercado maneje el tema del agua porque se me ocurre que tiene características de ilegalidad total. Irrigación es quien tiene ese mandato y la obligación de velar por estos recursos, de manejarlos de manera eficiente y de dar esos permisos y las concesiones,” argumentó el superintendente.

¿Cómo intervenía el mercado en el otorgamiento de pozos? La explicación es relativamente sencilla. Con las restricciones a nuevas perforaciones impuestas por el Departamento debido a la escasa disponibilidad de agua en algunos acuíferos, particularmente en la margen derecha del río Mendoza y en al oeste del Valle de Uco, era difícil que se autorizaran nuevos pozos.

Entonces apareció la resolución 164/2013, que permitía el traslado de pozos de una parcela a otra dentro de la misma cuenca hídrica. Y luego aparecieron interesados en comprar pozos y productores con problemas de financiamiento que empezaron a vender esos pozos.

La nueva resolución de Marinelli establece varias medidas. En primer lugar establecer un plazo de 180 días de suspensión de la resolución 164 y encargar a técnicos de Irrigación y de las cátedras de derecho del agua de la Universidad de Mendoza para generar un régimen definitivo de otorgamiento de pozos.

Al mismo tiempo, en ese mismo plazo, debe desarrollar estudios para afinar la información referida al estado de los acuíferos de Mendoza; esos estudios se realizarán en conjunto con el Instituto Nacional del Agua.

Actualmente, según el director de Gestión Hídrica Rubén Villodas, hay 10 zonas identificadas clasificadas por disponibilidad de agua subterránea, características geológicas del acuífero y calidad del agua contenida.

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