Arman 11 causas para tratar de bajar la ley 7722

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Son quince las presentaciones judiciales que se han ido acumulando en los últimos cinco años en Tribunales como consecuencia de la fuerte puja existente en Mendoza entre partidarios de la actividad minera metalífera (con las empresas a la cabeza) y los detractores (con las organizaciones ambientalistas liderando).
En la Suprema Corte de Justicia de la provincia existen once planteos de inconstitucionalidad radicados contra la ley 7.722 que prohibió en 2007 el uso de cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en la minería metalífera.

Entre ellas están las de las canadienses San Jorge (Coro Mining) con presencia en Uspallata y Deprominsa (Lundin) con intereses en Paramillos Sur, Las Heras y Malargüe; las de las mendocinas Minera del Oeste, con propiedades en Paramillos Norte y Uspallata y Minera Araucu, con derechos en Las Heras, Malargüe y San Carlos.
 
Y los planteos judiciales similares que han hecho la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y un particular (Raúl Concina) dedicado a la actividad minera. 

«Son acciones individuales con un hilo en común, ya que el argumento es la desigualdad ante la ley», afirma el abogado Raúl Rodríguez, patrocinante de seis presentaciones. «La 7.722 restringe el uso de sustancias sólo a la actividad minera y -por ejemplo- el ácido sulfúrico que es de venta libre y se puede utilizar en la actividad de hidrocarburos, no se puede emplear en la minería. Es la misma sustancia, el mismo ecosistema, puede ser el mismo profesional, pero con usos distintos uno está permitido y el otro prohibido», se queja.

También existe una presentación ante la Corte de la Nación, correspondiente a Energía Mineral, en la que la razón jurídica es «la violación a la ley nacional del Código de Minería», lo que rompe la «prelación de leyes» que prioriza la normativa nacional a la provincial. «Una ley provincial no puede prohibir lo que autoriza una nacional», descarga.

Las causas más avanzadas en las que en los próximos días se terminará la etapa de producción de prueba y se pasará a la de la presentación de los alegatos, son la del gremio de Conea y la de Minera Araucu. En la mayoría de los expedientes existe una «frondosa prueba» que incluye traducciones y pronunciamientos de las embajadas de Canadá y de Australia en la Argentina. Tras los alegatos cada integrante de la Corte que intervenga, tendrá 60 días para pronunciarse.

Dada la complejidad del tema, en los tribunales mendocinos se especula con la posibilidad de que la Corte intente mediar con un llamado a una conciliación entre las partes y -dado lo sensible del tema- que todo termine en un posible pronunciamiento plenario del que intervengan todos los miembros del máximo tribunal y no sólo los de una de las salas.

Frente a la embestida judicial de las mineras, el Estado mendocino ha solicitado que se unifiquen las causas y exista un sólo pronunciamiento común para todas. La Corte no se ha manifestado sobre el tema. Si decide abordar cada planteo en forma individual, es posible que antes del receso de julio tenga que dictar sentencia y tome una decisión final.
 
Pero si la Corte decide unificar las causas habrá que esperar que la última produzca prueba y los plazos se estirarán posiblemente hasta fin de año. Aún con una decisión plenaria del máximo tribunal mendocino, su resolución será apelable ante la Corte nacional lo que puede estirar las definiciones finales hasta el año entrante.
 
Aunque una decisión del máximo tribunal nacional sobre el planteo judicial presentado en su seno, aceleraría todos los tiempos, sería inapelable y marcaría el rumbo de las presentaciones en Mendoza.

La contraofensiva

En tribunales de primera instancia, la organización ambientalista Oikos ha presentado una denuncia penal contra la empresa San Jorge y contra tres funcionarios del gobierno anterior: el ex secretario de Ambiente, Guillermo Carmona; la directora de Minería, Adriana Blesa, y el director de Medio Ambiente, Ricardo Debandi.
 
A la minera le endilga el delito de «falsedad ideológica» por «adulterar» el estudio de impacto ambiental de San Jorge y a los funcionarios, «incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos». El tema está pendiente de resolución.

En esta misma situación se encuentra un pedido de inconstitucionalidad de Oikos contra la resolución administrativa o decreto (del gobierno anterior) que permitió la marcha de San Jorge. Este planteo fue rechazado inicialmente por lo que la organización ambientalista recurrió ante la Cámara.
 
«Evaluamos seguir adelante», dice el presidente de Oikos, Eduardo Sosa en base a la presentación de nueva documentación.

También está pendiente de resolución el choque judicial de dos multinacionales: la francesa Danone, vinculada al agua mineral y propietaria de Villavicencio, y la canadiense Deprominsa -Lundin- por la actividad en la reserva de Villavicencio.


Informe: Diario Los Andes.

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